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Mañana es el día en el que entra en vigor la reforma del Código Penal que sube el nivel de exigencia penal de las empresas.
La principal novedad es que las empresas verán notablemente aumentada su responsabilidad penal. Tanto las entidades aseguradoras, empresas de mediación de seguros, directivos y consejeros, deberán de tenerla presente en todas sus actividades.

La reforma indica que la responsabilidad penal en las empresas recaerá directamente a sus representantes legales (administradores, apoderados o consejeros) o a los que actúen de forma individual o como integrantes de un órganismo de gobierno. Se incluye una serie de sanciones por responsabilidad penal y que puede finalizar con la disolución de la entidad.
Asimismo, las sociedades deberán dotarse de sistemas de prevención específicos para prevenir situaciones como el fraude, la corrupción de las Administraciones o las estafas por parte de su organización. Esto implica que los consejeros y directivos podrían ser responsables penales de acciones ilegales cometidas por parte de su organización.

«Por lo tanto es una reforma que centra su atención en la responsabilidad penal de las personas jurídicas».

En este sentido se detallan infracciones como revelación de secreto, estafa y fraude, insolvencia punible, protección de datos informáticos, protección de los derechos de los consumidores y de los trabajadores, blanqueo de capitales, falsedad de medios de pago, delitos contra la Hacienda Pública, corrupción de las Administraciones Públicas o daños contra el medio ambiente.

Empresas de mediación

La reforma incluye la peculiaridad de las Pymes, lo que afecta directamente a la gran mayoría de las empresas de mediación de seguros. Así, en el caso de empresas que presenten sus cuentas en el modo abreviado, las funciones de supervisión serán asumidas por el órgano de administración.
Hay que tener en cuenta las implicaciones que puede tener para las corredurías esta reforma legal y deberán aumentar sensiblemente el cuidado en este tema.

Los 10 riesgos penales a los que se pueden enfrentar las corredurias

1.Delitos contra la Hacienda Pública
2.Delitos contra los consumidores, como puede ser la publicidad engañosa
3.Delitos contra la propiedad intelectual
4.Delitos contra la intimidad de las personas
5.Financiación ilegal de partidos políticos (es una novedad en el Código)
6.Insolvencias punibles
7.Corrupción en los negocios
8.Revelación de secretos y descubrimientos
9.Blanqueo de capitales
10.Estafas
Las consecuencias pueden ser delitos penales que serán casi siempre multas para la sociedad, la disolución de la persona jurídica, medidas de suspensión de actividades, clausura de locales, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, o incluso la intervención judicial.

Médicos, como agentes de autoridad

Un nuevo aspecto en ésta reforma es la que afecta al sector es la equiparación de los médicos de la sanidad pública como agentes de la autoridad, pero no así a los médicos privados. Esta discriminación podría afectar a sus riesgos por Responsabilidad Civil.
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